Una semana después de que la ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez, desatara una polémica al afirmar que en Venezuela no hay presos políticos, la jefa de la diplomacia del país europeo ha vuelto ratificar su opinión.
"Los hechos son los hechos", afirmó ayer Jiménez durante una nueva comparecencia ante el Senado español, reseñó la agencia EFE.
En la sesión el senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñaki Anasagasti, nacido en Venezuela, demandó de la canciller que aclarara si la administración de José Luis Rodríguez Zapatero considera que en el país hay o no ciudadanos detenidos debido a sus ideas.
"No le corresponde al Gobierno de España entrar a valorar las listas de presos políticos que puedan elaborar distintas organizaciones", dijo la funcionaria, mientras el legislador le indicaba que tenía información distinta a la que ella esgrimió para sustentar su posición.
Anasagasti leyó parte de un informe de Amnistía Internacional, en el cual esa agrupación habla de detenciones "políticamente motivadas y de fabricación de cargos falsos en Venezuela", mientras que blandió otro documento de Human Rights Watch en el que se asegura que en Venezuela "atentados a los derechos humanos son protegidos por las leyes".
Jiménez defendió su opinión de que el gobierno de Chávez no ha encarcelado a nadie por oponérsele en reportes de las organizaciones mencionadas.
Pese a que el senador afirmó que los asesores de la ministra "se equivocan gravemente", la funcionaria mantuvo su posición e indicó que días atrás se reunió con representantes de Human Rigths Watch, quienes le confirmaron que, a su juicio, en Venezuela no hay presos políticos y le informaron que el caso de la jueza María Lourdes Afiuni es considerado como una "detención arbitraria".
Más denuncias de vicios
Precisamente ayer los abogados defensores de dos de los llamados presos políticos denunciaron vicios en sus casos.
Los representantes de la suspendida jueza Afiuni informaron que la Guardia Nacional impidió que se le practicasen a la funcionaria los exámenes médicos que el tribunal autorizó para determinar si los quistes que presenta son malignos.
"El teniente Maestre, que está a cargo del traslado de Afiuni se opuso a que la madre de la jueza y abogados ingresáramos a la consulta médica a pesar de tener una orden del tribunal", aseveró el abogado José Amalio Graterol, quien denunció también que no le permitieron ver a su cliente, lo cual representa una violación al artículo 49 de la Constitución.
Casi simultáneamente el abogado del ex ministro de la Defensa, general (r) Raúl Isaías Baudel, informó, a través de Globovisión, que su defendido sería trasladado a la Corte Marcial, pero él no había sido informado de este acto.
Tras separarse del presidente a Baduel se le abrió un juicio por corrupción, mientras que Afiuni es acusada de facilitar la evasión del banquero Eligio Cedeño.
"Los hechos son los hechos", afirmó ayer Jiménez durante una nueva comparecencia ante el Senado español, reseñó la agencia EFE.
En la sesión el senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñaki Anasagasti, nacido en Venezuela, demandó de la canciller que aclarara si la administración de José Luis Rodríguez Zapatero considera que en el país hay o no ciudadanos detenidos debido a sus ideas.
"No le corresponde al Gobierno de España entrar a valorar las listas de presos políticos que puedan elaborar distintas organizaciones", dijo la funcionaria, mientras el legislador le indicaba que tenía información distinta a la que ella esgrimió para sustentar su posición.
Anasagasti leyó parte de un informe de Amnistía Internacional, en el cual esa agrupación habla de detenciones "políticamente motivadas y de fabricación de cargos falsos en Venezuela", mientras que blandió otro documento de Human Rights Watch en el que se asegura que en Venezuela "atentados a los derechos humanos son protegidos por las leyes".
Jiménez defendió su opinión de que el gobierno de Chávez no ha encarcelado a nadie por oponérsele en reportes de las organizaciones mencionadas.
Pese a que el senador afirmó que los asesores de la ministra "se equivocan gravemente", la funcionaria mantuvo su posición e indicó que días atrás se reunió con representantes de Human Rigths Watch, quienes le confirmaron que, a su juicio, en Venezuela no hay presos políticos y le informaron que el caso de la jueza María Lourdes Afiuni es considerado como una "detención arbitraria".
Más denuncias de vicios
Precisamente ayer los abogados defensores de dos de los llamados presos políticos denunciaron vicios en sus casos.
Los representantes de la suspendida jueza Afiuni informaron que la Guardia Nacional impidió que se le practicasen a la funcionaria los exámenes médicos que el tribunal autorizó para determinar si los quistes que presenta son malignos.
"El teniente Maestre, que está a cargo del traslado de Afiuni se opuso a que la madre de la jueza y abogados ingresáramos a la consulta médica a pesar de tener una orden del tribunal", aseveró el abogado José Amalio Graterol, quien denunció también que no le permitieron ver a su cliente, lo cual representa una violación al artículo 49 de la Constitución.
Casi simultáneamente el abogado del ex ministro de la Defensa, general (r) Raúl Isaías Baudel, informó, a través de Globovisión, que su defendido sería trasladado a la Corte Marcial, pero él no había sido informado de este acto.
Tras separarse del presidente a Baduel se le abrió un juicio por corrupción, mientras que Afiuni es acusada de facilitar la evasión del banquero Eligio Cedeño.