Ojeda ofreció estas declaraciones luego de que se conociera la sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que repuso la causa judicial adelantada en el caso PDVAL.
“(…) La Sala de Casación Penal lo hizo de oficio, porque estimó que había que proteger el derecho al debido proceso de los imputados frente a la determinación de sus propios abogados de renunciar a los lapsos de interposición de posibles recursos”, aseguró Ojeda.
A su juicio, esto no es más que una muestra palmaria de la impunidad reinante en el país, y de la debilidad y sesgo que afectan a la administración de justicia en Venezuela: “A algunos se les concede lo que ni siquiera han pedido, mientras que a otros se les niega aquello a lo que tienen derecho”.
Rechazó que mientras los ex directivos de PDVAL han visto protegidos sus derechos, incluso frente a la actuación de sus propios defensores; la ciudadanía sufra a diario la violación de sus derechos más fundamentales, empezando por el derecho a la vida, “sin que los órganos competentes del Estado respondan adecuadamente”.
“Por otra parte, se niega a los diputados de la Unidad que están bajo proceso su elemental derecho a ser trasladados ante la Asamblea Nacional para ser juramentados y ejercer sus funciones, vulnerándose así no sólo la inmunidad que la Constitución les reconoce y su derecho a desempeñarse como diputados, sino también el derecho de sus electores a participar políticamente por medio de sus representantes”, condenó.
Lamentó que una investigación penal iniciada en mayo de 2010 todavía no haya conducido al establecimiento de responsabilidades penales y que ahora, en virtud de esta decisión de la Sala de Casación Penal, la respuesta del Estado ante los graves delitos denunciados se demore aún más.
Aseguró que estos delitos están claramente establecidos en la Ley Contra la Corrupción y en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. “Se relacionan con uno de los más graves episodios de corrupción administrativa y desidia oficial de la historia venezolana reciente, que atentó contra la seguridad alimentaria de la población y podía poner en riesgo su derecho a la salud”, recordó.
La Mesa de la Unidad Democrática constató, en su informe de agosto de 2010 sobre el caso PDVAL, la improvisación, la falta de vigilancia y control de los organismos competentes, así como los daños irreparables que ello ocasionó al patrimonio público, y exigió el establecimiento de responsabilidades no sólo penales, sino también administrativas y civiles.
“A la pasividad de las autoridades ante estos reclamos de la ciudadanía y de los sectores democráticos se suma ahora la reposición del proceso penal contra algunos de los responsables”, concluyó Ojeda.